El gobierno de Estados Unidos registró en julio un incremento histórico en los ingresos por aranceles, con una recaudación que alcanzó los 21.000 millones de dólares, un 273 % más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, este aumento no ha sido suficiente para contener el déficit presupuestario, que creció un 20 % en lo que va del año fiscal. Los datos, publicados recientemente, revelan una contradicción entre el discurso oficial que celebra el éxito de las políticas comerciales y la realidad de unas finanzas públicas que siguen bajo presión.
Expertos señalan que, aunque los aranceles han generado ingresos significativos—estimados en 1,3 billones de dólares para el mandato actual—, su impacto real en la reducción del déficit podría ser limitado. Kent Smetters, economista de la Universidad de Pensilvania, advierte que la deuda federal apenas registraría «descensos modestos» a pesar de estas medidas. Mientras tanto, el gasto público continúa al alza, impulsado por el incremento en los pagos de intereses de la deuda y ajustes en programas sociales, lo que ha llevado a que la deuda nacional se aproxime a los 37 billones de dólares.
El escenario se complica para los ciudadanos. Analistas económicos alertan de posibles efectos secundarios: presión inflacionaria, mayor costo de créditos hipotecarios y reducción de oportunidades laborales en sectores afectados por las tensiones comerciales. La Oficina Presupuestaria del Congreso proyectó que, aunque las tarifas reducirían el déficit en 2,8 billones en una década, también contraerían la economía y disminuirían el poder adquisitivo de los hogares.

En medio de este panorama, la administración mantiene su estrategia. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el gobierno está «concentrado en reducir el déficit», mientras se negocia con socios comerciales como China. Esta semana, se extendió por 90 días la tregua arancelaria con el país asiático, aunque se mantienen los gravámenes del 30 % como medida de presión.
La incertidumbre persiste. Con tasas arancelarias sujetas a cambios legales y decisiones judiciales pendientes, el debate sobre la eficacia de esta política económica sigue abierto. Lo que parece claro es que, por ahora, los números no cuadran.

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