Los huertos solares en Andalucía transforman el paisaje y la vida rural

La energía solar avanza en Andalucía, pero no todos celebran el cambio. En pueblos como Lopera, provincia de Jaén, la expansión de parques fotovoltaicos está generando tensiones entre el impulso renovable y la preservación de cultivos centenarios. Los olivares, símbolo identitario de la región, están siendo expropiados para dar paso a instalaciones industriales, lo que ha desatado el descontento entre agricultores que ven amenazado su modo de vida.

Manuel Cabezas, heredero de generaciones dedicadas al cultivo del olivo, es uno de ellos. Tras invertir sus ahorros en tierras para plantar 400 ejemplares, recibió una notificación de la Junta de Andalucía: su parcela será expropiada para un proyecto declarado de «utilidad pública». La empresa Greenalia prevé construir siete plantas solares en la zona, alegando contribuir a la transición energética. «Aquí invertimos en lo que conocemos», lamenta Cabezas, reflejando la frustración de quienes consideran que su legado agrícola está siendo sacrificado.

Según datos oficiales, solo el 0,88% de los proyectos renovables en la comunidad requieren expropiaciones, pero el impacto local es significativo. Andalucía, responsable del 80% de la producción nacional de aceite de oliva, enfrenta un dilema entre la sostenibilidad ambiental y la cultural. María Mena, otra vecina de Lopera, lo resume con crudeza: «La energía no es para nosotros. Pero la tierra aquí es barata».

España lidera en Europa la generación de energías limpias, con un 57% de su consumo proveniente de fuentes renovables en 2024, según Red Eléctrica. Sin embargo, el caso de Lopera ilustra los conflictos que surgen cuando las macroinstalaciones solares se imponen en territorios con arraigada vocación agraria. Los afectados critican la falta de diálogo y plantean si el costo social está siendo subestimado en nombre del progreso ecológico.

Mientras el gobierno autonómico defiende el marco legal —que prioriza acuerdos voluntarios entre empresas y propietarios—, los pequeños agricultores exigen alternativas que compatibilicen ambos modelos. El desafío, señalan expertos, radica en equilibrar la urgencia climática con políticas que protejan el tejido rural. Para comunidades como Lopera, el futuro no es solo una cuestión de megavatios, sino de identidad.