Redacción - El Semanal
Las fuerzas policiales del Reino Unido han iniciado una revisión conjunta y metódica de los documentos procedentes de la investigación federal estadounidense sobre el financiero convicto Jeffrey Epstein, con el fin de identificar posibles delitos de competencia británica. Este procesos una respuesta directa a la desclasificación de miles de páginas que detallan una red de abusos y whose conexiones internacionales alcanzan a figuras de alto nivel, incluido el duque de York, el príncipe Andrew.
La coordinación recae en la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés), que actúa como nexo entre las distintas policías territoriales. Según fuentes consultadas, el análisis no se limita a una mera lectura de los testimonios, sino que implica un cruce exhaustivo con bases de datos nacionales, registros de viajes y cualquier otra evidencia que pueda corroborar o descartar la comisión de infracciones penales en suelo británico. El foco principal reside en determinar si las conductas descritas en las declaraciones juradas y documentos anejos —algunas de las cuales involucran a ciudadanos o en territorio del Reino Unido— constituyen delitos bajo la legislación británica, como agresión sexual a menores o trata de personas, cuyos plazos de prescripción y requisitos procesales difieren significativamente de los estatutos de EE.UU.
El epicentro de la atención pública en el ámbito local recae sobre las figuras vinculadas a la realeza. La mención recurrente al príncipe Andrew en los archivos, especialmente a través de la declaración de Virginia Giuffre, quien alega haber mantenido relaciones sexuales con él siendo menor de edad, ha precipitado esta reevaluación formal. Aunque el palacio de Buckingham y el propio duque han negado enérgicamente las acusaciones en repetidas ocasiones, la naturaleza de los documentos estadounidenses obliga a las autoridades británicas a abordar el asunto con un escrupuloso rigor jurídico, separando la cobertura mediática de la evidencia procesable. La complejidad radica en que muchos de los supuestos hechos habrían ocurrido hace décadas, lo que plantea desafíos forenses y de obtención de testimonios.
Más allá de la figura real, la revisión busca arrojar luz sobre una posible red de facilitadores y cómplices operativos en el Reino Unido. Los investigadores examinarán con lupa los nombres de empresarios, abogados y otros individuos que aparecen en las comunicaciones de Epstein, con especial atención a transacciones financieras sospechosas, vuelos registrados en aeropuertos británicos y propiedades que pudieran haber servido como escenario de los presuntos crímenes. La cooperación transatlántica es crucial; la NCA mantiene un canal de comunicación permanente con el FBI y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, quienes lideraron la investigación original que culminó con el arresto y muerte de Epstein en 2019.
Para el espectador español, el caso trasciende la mera curiosidad sobre la monarquía británica. Representa un examen al tratamiento judicial de los delitos sexuales contra menores por parte de poderosos, un debate que también resuena con fuerza en España tras casos como el de la red de corrupción de menores que involucró a figuras públicas hace años. La diferencia sustancial estriba en el marco legal y la tradición de inmunidad que históricamente ha rodeado a la realeza en el Reino Unido, un privilegio que, a pesar de los recientes recortes, aún permea el sistema.
Los analistas legales Consultados por este medio señalan que la probabilidad de que se formulen cargos concretos es moderada, dados los obstáculos legales y el tiempo transcurrido. Sin embargo, el mero hecho de que las policías británicas emprendan esta evaluación formal es un indicador del peso que los documentos de Epstein han adquirido como catalizador para reabrir líneas de investigación dormidas. Puede sentar un precedente en la manera en que el Reino Unido aborda alegaciones de this naturaleza contra nacionales de alto standing, demostrando una disposición, siquiera administrativa, a no mirar hacia otro lado.
En resumen, la noticia no es una nueva detención, sino el inicio silencioso y Burocrático de un proceso que podría definir la responsabilidad penal de varios individuos en el Reino Unido. La presión social y mediática, exacerbada por la difusión de los archivos, ha forzado a las instituciones a actuar. Ahora, la responsabilidad recae sobre los hombros de los detectives y fiscales, quienes deberán separar el sensacionalismo de la justicia, en un ejercicio que medirá la capacidad del sistema legal británico para enfrentarse a sus propios tabúes.
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