Recortes en Ottawa afectan directamente a los intérpretes del Parlamento

Recortes en Ottawa amenazan la calidad de los servicios de interpretación parlamentaria

La preocupación se extiende entre los intérpretes profesionales en Canadá ante los planes del gobierno federal de reducir costos en contrataciones, una medida que podría afectar la traducción de sesiones parlamentarias, audiencias en el Tribunal Supremo y otros actos oficiales en los dos idiomas nacionales. Según fuentes cercanas al proceso, el nuevo esquema priorizaría la oferta económica más baja sobre la experiencia y cualificación de los profesionales, un cambio que ha generado fuertes críticas.

El sindicato que agrupa a los intérpretes, la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias (AIIC-Canadá), denuncia que la medida ignora las condiciones laborales y la escasez de profesionales especializados. "El 60% de las traducciones parlamentarias recaen en apenas un centenar de intérpretes acreditados, muchos con décadas de trayectoria", explicó Alionka Skup, presidenta de la organización. Si el gobierno implementa el modelo de "menor oferta", advierte, se perderá calidad y se pondrá en riesgo el acceso equitativo a la información en francés e inglés.

Pero el problema no es nuevo. Desde la pandemia, la falta de intérpretes se agudizó debido a las secuelas del teletrabajo, incluyendo lesiones auditivas por fallos técnicos en las transmisiones virtuales. Nicole Gagnon, intérprete independiente y portavoz de AIIC-Canadá, recordó que el año pasado el gobierno tuvo que modificar los sistemas de sonido en el Parlamento después de que varios colegas sufrieran daños permanentes. "Si ahora nos pagan por hora en lugar de por jornada, muchos optarán por retirarse", afirmó.

El Departamento de Servicios Públices y Adquisiciones confirmó que se encuentra en fase de consulta con los proveedores, aunque fuentes del sector señalan que las críticas no han modificado la postura oficial. Mientras tanto, los contratos vigentes se prorrogarán hasta diciembre, fecha límite para que los intérpretes decidan si aceptan las nuevas condiciones o abandonan el sistema. Para Gagnon, la respuesta es clara: "No somos trabajadores temporales. Si esto sigue adelante, me marcho".

La polémica subraya un desafío mayor: cómo garantizar servicios esenciales sin sacrificar calidad ni derechos laborales. En un país bilingüe como Canadá, donde cada palabra en el hemiciclo tiene peso jurídico y político, la solución no puede depender únicamente del precio más bajo.