Vídeo de obrero migrante maltratado con montacargas impulsa medidas en Corea del Sur

El gobierno de Corea del Sur ha tomado medidas urgentes tras la difusión de un video que muestra a un trabajador migrante de Sri Lanka siendo transportado con una carretilla elevadora mientras permanecía inmovilizado en una fábrica local. El incidente, calificado como «inhumano» por grupos defensores de derechos laborales, ha desatado una ola de indignación y ha llevado al presidente surcoreano a intervenir directamente.

Según fuentes oficiales, el mandatario ordenó una revisión exhaustiva de las condiciones laborales de los empleados extranjeros en el país, insistiendo en la implementación de protecciones legales más estrictas. «Ningún trabajador debe ser sometido a este tipo de tratos degradantes», declaró un portavoz gubernamental, quien también mencionó sanciones ejemplares para las empresas que violen los derechos básicos.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, evidencia una violación flagrante de los protocolos de seguridad y dignidad laboral. Testigos relataron que el empleado, quien llevaba varios meses en la fábrica, fue amarrado y levantado con maquinaria industrial como parte de una supuesta «broma» entre compañeros. Las imágenes han reavivado el debate sobre la explotación de migrantes en sectores con mano de obra precarizada.

Corea del Sur, cuya economía depende en gran medida de trabajadores extranjeros en industrias como la manufactura y la agricultura, ha enfrentado críticas recurrentes por la falta de supervisión en el cumplimiento de normativas laborales. Datos recientes indican que más de 200,000 migrantes empleados en el país han denunciado abusos salariales o condiciones inseguras en los últimos cinco años.

Organizaciones internacionales han exigido una respuesta contundente. «Este caso no es aislado; refleja un patrón sistémico que requiere reformas estructurales», señaló un representante de Amnistía Internacional. Mientras tanto, el trabajador afectado recibió atención médica y apoyo legal, aunque su identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad.

Las autoridades surcoreanas han asegurado que trabajarán en colaboración con embajadas y empleadores para establecer canales de denuncia accesibles y campañas de concientización. Sin embargo, activistas advierten que, sin una fiscalización rigurosa, estos compromisos podrían quedarse en promesas vacías. La presión pública ahora pone a prueba la capacidad del gobierno para transformar un escándalo en un cambio duradero.