Las amenazas de muerte contra las funcionarias afganas de la ONU han elevado la preocupación internacional por la seguridad de las mujeres bajo el régimen talibán. Según fuentes cercanas a la organización, varios empleados femeninos han recibido intimidaciones anónimas, lo que ha llevado a las Naciones Unidas a reforzar sus protocolos de protección en el país asiático.
Aunque los talibanes han asegurado que están investigando los hechos, la credibilidad de estas declaraciones sigue siendo cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Desde la toma de poder en 2021, el grupo ha impuesto severas restricciones a las mujeres, prohibiéndoles el acceso a la educación secundaria, el trabajo en numerosos sectores e incluso su libre circulación sin un acompañante masculino.
Las funcionarias de la ONU, muchas de las cuales trabajan en áreas cruciales como la asistencia humanitaria y la salud, se enfrentan a un entorno cada vez más hostil. La retirada de las fuerzas internacionales ha dejado a estas profesionales en una posición vulnerable, expuestas a represalias por parte de sectores extremistas que rechazan su labor.

Expertos en geopolítica señalan que estas amenazas podrían ser una estrategia para presionar a la comunidad internacional, intentando debilitar la presencia de organismos globales en el país. Mientras, la ONU mantiene negociaciones discretas con las autoridades afganas para garantizar la seguridad de su personal, aunque sin resultados concretos hasta el momento.
El caso ha reavivado el debate sobre el papel de la mujer en Afganistán y la eficacia de las medidas internacionales para proteger sus derechos básicos en un contexto de creciente represión. La situación sigue siendo crítica, y el mundo observa con preocupación cómo se desarrollan los acontecimientos.

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