El sol abrasador de Bali no solo derrite el asfalto, sino también los argumentos de la defensa en el caso que mantiene en vilo a las autoridades indonesias. Una ciudadana argentina y un británico enfrentan desde esta semana un juicio por narcotráfico en Denpasar, acusados de intentar introducir 3,2 kilos de cocaína ocultos en equipaje de lujo. La fiscalía alega que los detenidos, cuyas identidades se han difundido ampliamente en medios locales, operaban como correos de una red internacional.
Las investigaciones revelan un modus operandi recurrente en la región: turistas con pasaportes intachables utilizados como señuelo para el transporte de estupefacientes. Según fuentes cercanas al proceso, la mercancía fue detectada gracias a un sistema de escáneres instalados recientemente en el aeropuerto Ngurah Rai, donde los sospechosos aterrizaron procedentes de Bangkok. El arresto se produjo tras el hallazgo de varios paquetes herméticos camuflados entre forros de maletas de diseñador.
Indonesia mantiene una de las legislaciones antidroga más severas del mundo, con penas que incluyen cadena perpetua e, incluso, la muerte por fusilamiento. Este caso coincide con un repunte de operativos contra el narcotráfico en el sudeste asiático, donde las bandas aprovechan el aumento del turismo postpandémico para camuflar sus envíos. Expertos consultados destacan que las aerolíneas con conexiones a Sudamérica y Europa son las más vigiladas.

Mientras los acusados permanecen en prisión preventiva, sus familias han contratado bufetes especializados en delitos transfronterizos. En rueda de prensa, un portavoz del equipo legal insistió en que «no existen pruebas concluyentes» que vinculen a los detenidos con la sustancia incautada. Sin embargo, testigos del caso describieron ante el juez comportamientos sospechosos durante el vuelo, como cambios de asiento frecuentes y uso de teléfonos cifrados.
La próxima vista judicial, prevista para el 15 de octubre, podría definir el rumbo de un proceso que ya genera tensiones diplomáticas. Representantes consulares de ambos países siguen de cerca las actuaciones, aunque evitan pronunciamientos públicos. En 2015, la ejecución de dos reos australianos por delitos similares desató un conflicto bilateral que duró años. Ahora, con las miradas puestas en este juicio, Bali demuestra que su paraíso turístico es también campo de batalla contra el crimen organizado.

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