Redacción - El Semanal
La propuesta de Pierre Poilievre de invocar la cláusula excepcional, un mecanismo constitucional raramente utilizado en Canadá, ha reavivado el debate sobre los límites del poder judicial y la protección de los derechos fundamentales. El líder conservador ha anunciado su intención de recurrir a esta herramienta legal para permitir a los jueces imponer sentencias de cadena perpetua consecutivas para homicidios múltiples, desafiando una reciente decisión de la Corte Suprema que limitó esta práctica.
La controversia se centra en un fallo de 2022, donde el Tribunal Supremo de Canadá dictaminó inconstitucional una sección del Código Criminal que permitía a los jueces imponer periodos de inelegibilidad para libertad condicional de 25 años de forma consecutiva en casos de múltiples homicidios agravados. Esta decisión, según el tribunal, infringía los derechos constitucionales de los reincidentes. La postura de Poilievre es directa: revertir esta situación, asegurando que aquellos condenados por crímenes múltiples cumplan penas proporcionales a la gravedad de sus actos, sin posibilidad de libertad condicional prematura.
La cláusula excepcional, contemplada en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, permite al Parlamento o a las legislaturas provinciales anular ciertas disposiciones de la Carta. Su utilización ha sido históricamente limitada y controvertida, pues implica una suspensión temporal de los derechos constitucionales. Ningún gobierno federal canadiense la ha empleado hasta la fecha, aunque varias provincias lo han hecho en situaciones específicas. La potencial invocación de esta cláusula por parte de Poilievre marcaría un precedente significativo en la historia del derecho canadiense.
El debate se extiende más allá de la simple aplicación de la ley. Sus detractores argumentan que el recurso a la cláusula excepcional socava los principios de la Carta de Derechos y Libertades y abre la puerta a la erosión de las protecciones constitucionales. De hecho, el líder liberal Mark Carney ha calificado la propuesta de Poilievre como “peligrosa”, enfatizando la importancia de defender la Carta en todo momento. El líder del Nuevo Partido Democrático, Jagmeet Singh, se ha sumado a las críticas, alegando que la cláusula excepcional no debe ser utilizada y que las penas ya existentes son suficientes para garantizar la justicia.
La decisión del Tribunal Supremo de 2022 se basó en el caso de Alexandre Bissonnette, el autor de la masacre en la mezquita de Quebec City, que fue condenado a cadena perpetua, pero con la posibilidad de solicitar libertad condicional después de 25 años. El fallo judicial argumentaba que la imposición de múltiples periodos de 25 años sin posibilidad de libertad condicional equivalía a una cadena perpetua real, lo que se consideraba un castigo cruel e inusual. Otro caso citado con frecuencia es el de Justin Bourque, responsable de la muerte de tres policías en Moncton, Nueva Brunswick, cuya sentencia también fue modificada a raíz del fallo del Tribunal Supremo.
La discusión también se ha extendido a la efectividad de las políticas criminales y la prevención del delito. Mientras Poilievre promueve una línea dura enfocada en el castigo, otros partidos proponen medidas preventivas, como el fortalecimiento de los programas sociales y la lucha contra el tráfico de armas. El Bloque Quebécois, aunque reconoce la legalidad de la cláusula excepcional, ha expresado su preferencia por reforzar el sistema de justicia en lugar de eludir sus propias reglas. La campaña electoral actual se presenta, por tanto, como un choque de visiones sobre cómo abordar la seguridad pública y proteger los derechos fundamentales en Canadá.
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