Redacción - El Semanal
Australia ha decidido aumentar la sanción económica que puede imponerse a las plataformas de redes sociales que no cumplan con su prohibición de acceso a usuarios menores de 16 años. La cifra máxima de multa, que antes rondaba los 49,5 millones de dólares australianos, se ha duplicado para alcanzar los 99 millones de AUD, equivalentes a más de 68 millones de dólares estadounidenses. La medida, anunciada por el gobierno en un comunicado reciente, busca reforzar el carácter “mundial” de la legislación y enviar un mensaje claro a la industria.
El gobierno no solo ha elevado el monto de la penalidad; también ha ampliado los poderes del eSafety Commissioner, la autoridad responsable de supervisar el cumplimiento. Ahora el comisario puede exigir a las compañías que entreguen pruebas verificables sobre los mecanismos que emplean para impedir que menores abran cuentas. Además, se ha habilitado la posibilidad de recabar datos de terceros, como los proveedores de verificación de edad o de las tiendas de aplicaciones, para evaluar si se están respetando realmente los límites de edad.
Desde la entrada en vigor de la norma en diciembre, las autoridades reportan que más de cinco millones de cuentas de menores han sido eliminadas, desactivadas o restringidas. No obstante, estudios recientes ponen en duda la efectividad práctica de la prohibición. Una encuesta de la fundación benéfica Molly Rose reveló que el 61 % de niños entre 12 y 15 años siguen accediendo a redes sociales, y un análisis de la Universidad de Newcastle indicó que más del 85 % de los adolescentes australianos menores de 16 años mantienen perfiles activos en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.
La respuesta oficial del Primer Ministro Anthony Albanese subraya la percepción de que “big tech” aún no está cumpliendo con la normativa. Según él, los cambios reflejan “la seriedad con la que tomamos cualquier fallo de las empresas de redes sociales al respetar nuestra ley”. La frase, aunque breve, alude a una presión creciente desde la esfera de la Tecnología para que las plataformas adapten sus modelos de negocio y sus sistemas de verificación de edad.
En el horizonte inmediato, las compañías deberán replantear sus estrategias de cumplimiento: reforzar los sistemas de control de edad, preparar respuestas ante posibles inspecciones del eSafety Commissioner y diseñar mecanismos de reporte que permitan a terceros aportar evidencia de su nivel de cumplimiento. La decisión australiana podría convertirse en un referente para otras jurisdicciones que contemplan regulaciones similares, marcando un punto de inflexión en la relación entre la esfera digital y la legislación pública.
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