Crisis en Suns un cuarto empleado demanda al equipo en siete meses

Una entidad destacada en el ámbito del deporte profesional estadounidense se enfrenta a un cúmulo de desafíos legales significativos. En los últimos siete meses, la organización de baloncesto ha sido objeto de cuatro acciones judiciales presentadas por empleados actuales o que formaron parte de la plantilla.

La más reciente de estas demandas, interpuesta esta semana ante un tribunal federal en Arizona, ha sido promovida por quien ejerce como director de seguridad, protección y gestión de riesgos de la franquicia. En su presentación judicial, el empleado alega haber sufrido discriminación, acoso y represalias por parte de la dirección del equipo.

Según los documentos asociados a la demanda, el denunciante sostiene que parte de sus responsabilidades incluían la identificación de riesgos operativos, financieros y de reputación para la organización. En el curso de sus funciones, presentó un informe interno detallando incidentes específicos que, a su juicio, exponían vulnerabilidades. Entre los ejemplos citados figuraban el presunto robo de material deportivo y vestimenta valorado en más de cuarenta mil dólares por parte de un antiguo empleado a tiempo parcial, una interrupción de un acto público del equipo por un individuo descontento, y el acoso sufrido por una jugadora estrella de la liga femenina en un aeropuerto, lo que causó un retraso considerable en un vuelo del equipo.

El demandante afirma que, tras la presentación de este informe, la dirección del equipo tomó medidas en su contra, incluyendo una degradación cerca de un año después. Adicionalmente, alega que la organización le disuadió de acogerse a permisos protegidos legalmente tras ser diagnosticado con una enfermedad grave.

Las acusaciones contenidas en esta nueva demanda no se limitan a cuestiones laborales internas percibidas. También se refieren directamente a la eficacia de los protocolos de seguridad de la instalación deportiva del equipo. El escrito menciona pruebas de seguridad llevadas a cabo por un departamento de defensa territorial de la policía local a finales de 2023 y finales de 2024. En ambas ocasiones, agentes encubiertos lograron introducir objetos punzantes y armas de fuego en el recinto deportivo a pesar de pasar por los controles, según la demanda. Asimismo, se expone que la liga profesional de baloncesto realizó su propia auditoría de seguridad en febrero de 2025, la cual, según el demandante y confirmado por fuentes internas del equipo a medios americanos, también habría resultado en un fallo.

La organización deportiva ha respondido enérgicamente a estas alegaciones. Un portavoz del equipo ha cuestionado la credibilidad de una de las abogadas que representan al demandante, aludiendo a sanciones disciplinarias previas impuestas por el colegio de abogados local. Califican las acusaciones recientes como «absurdas» y «rotundamente falsas», especialmente aquellas relativas al departamento de seguridad. Sobre las cuestiones de seguridad, el portavoz reitera que la protección de los asistentes es una prioridad absoluta, que cumplen y superan las expectativas de seguridad, y que regularmente realizan pruebas internas, lo cual es una práctica habitual en la industria. Niegan categóricamente haber fallado en alguna auditoría de seguridad.

Por su parte, los representantes legales del empleado han emitido un comunicado conjunto defendiendo la integridad de la abogada atacada y calificando las declaraciones del equipo como «ataques personales y difamatorios» y un intento calculado de desviar la atención pública y eludir responsabilidades. Insisten en que las acusaciones presentadas no son vagas, sino «específicas, detalladas y respaldadas por testigos, documentación y evidencia corroborativa».

Esta serie de litigios se produce en un contexto particular para la franquicia. La organización se ha embarcado en un proceso de revisión y mejora de su cultura laboral tras una investigación previa de la liga profesional de baloncesto. Dicha investigación, que concluyó en 2022, corroboró alegaciones de mala conducta contra el anterior propietario y algunos de sus principales ejecutivos, culminando con una multa considerable y la suspensión del entonces propietario, quien posteriormente anunció la venta del equipo.

Como parte de las conclusiones de aquella investigación, la liga impuso a la organización la obligación de cumplir con una serie de estándares laborales y de informar sobre cualquier incidente o alegación de «mala conducta significativa» por parte de cualquier empleado durante un periodo de tres años. La dirección actual del equipo ha manifestado estar «muy orgullosa» del trabajo realizado para establecer una nueva cultura bajo el liderazgo del propietario actual y asegura estar en «pleno cumplimiento» de los requisitos impuestos por la liga.

Las otras tres demandas recientes presentadas contra el equipo en los últimos meses provienen de antiguos empleados. Una exgerente de diversidad, equidad e inclusión presentó una demanda en noviembre pasado alegando acoso, discriminación racial, represalias y despido improcedente, solicitando una compensación millonaria. En marzo, un antiguo miembro de un departamento audiovisual demandó al equipo, argumentando que fue clasificado erróneamente como contratista independiente para negarle beneficios y horas extra, y denunciando discriminación por edad. En abril, una exempleada bajo anonimato presentó una demanda por discriminación racial y de género, acoso sexual y represalias supuestamente perpetrados por un antiguo ejecutivo de la organización.

Ante esta acumulación de demandas, el portavoz del equipo ha señalado a una de las abogadas, la misma que representa al director de seguridad, como el «denominador común», acusándola de intentar «extorsionar» a la organización y de «manipular» a empleados para que presenten pleitos «sin fundamento».

El actual propietario mayoritario del equipo, que adquirió el control en febrero de 2023 con la aprobación de la liga, se dirigió a los empleados poco después de formalizarse la transacción. En aquella reunión, expresó su deseo de hacer de la organización «el mejor lugar para trabajar», atraer y formar a «grandes personas» y tratarlas «tan bien que nunca quieran irse». Enfatizó que «todo gira en torno a las personas», considerándolas «lo más importante».

Sin embargo, la situación parece tensa a nivel interno. Ya en abril, un empleado del equipo recién contratado en un puesto relacionado con las relaciones laborales internas, publicó en una red social un mensaje (posteriormente eliminado) en el que criticaba la gestión de las preocupaciones del personal. Afirmó haber sido «silenciado» al intentar comunicar información negativa de la que tuvo conocimiento y que no se le apoyó ni consideraron sus ideas al proponer procesos más eficientes para investigar incidentes dentro de la organización. Lamentó que la entidad carecía de un sistema adecuado para recibir y abordar las inquietudes de toda la plantilla.

Ante la última demanda, la liga profesional de baloncesto se ha limitado a indicar que ha tenido conocimiento de la presentación y que «permitirán que el proceso legal siga su curso». Las demandas buscan compensaciones económicas, aunque en algunos casos las cifras específicas no se han revelado públicamente. La situación legal y la atención mediática sobre la cultura interna ponen de manifiesto los desafíos que la organización aún enfrenta, a pesar de los cambios en la propiedad y las declaraciones sobre la mejora del entorno laboral.