Redacción - El Semanal
El gobierno canadiense anunció esta semana su intención de presentar en otoño un proyecto de ley que endurecerá las condiciones para obtener la libertad bajo fianza y aumentará las penas por ciertos delitos graves. La iniciativa, confirmada por el ministro de Justicia, busca reformar aspectos clave del sistema judicial ante el aumento de crímenes vinculados al crimen organizado, robos de vehículos y tráfico de personas.
Las modificaciones propuestas incluirán medidas más restrictivas para quienes enfrenten cargos por delitos violentos con agravantes, así como sanciones más severas para reincidentes en casos de robo de automóviles o allanamientos domiciliarios. Según trascendió, el plan retoma promesas electorales realizadas durante la pasada campaña federal, aunque sus alcances finales aún están en discusión.
Este movimiento se produce en un contexto político complejo, donde la oposición conservadora ha acusado reiteradamente al ejecutivo de ser demasiado permisivo con la delincuencia. Sin embargo, desde el gobierno insisten en que las reformas responden a consultas técnicas y no a presiones partidistas. «El objetivo es generar un efecto disuasorio claro, pero también trabajar en la prevención», señalaron fuentes cercanas al ministerio.
Entre los puntos destacados de la futura legislación se encuentra la posibilidad de imponer condenas consecutivas para delitos particularmente violentos, una medida que ya generó controversia entre expertos en derecho penal. Paralelamente, se analiza ampliar las circunstancias en que puede denegarse la libertad condicional, especialmente cuando existen antecedentes de violencia de género o uso de armas.
El anuncio llega apenas año y medio después de la última reforma al sistema de fianzas, implementada en enero pasado, lo que ha llevado a algunos críticos a cuestionar la premura de los nuevos cambios. No obstante, defensores de la iniciativa argumentan que la evolución de ciertas modalidades delictivas -como los robos de coches coordinados por redes internacionales- exige actualizaciones normativas urgentes.
El ministro adelantó que el proyecto será sometido a amplias consultas con provincias, autoridades policiales y especialistas antes de su presentación formal en el Parlamento. «Cada región enfrenta desafíos distintos; necesitamos soluciones adaptadas», recalcó, al tiempo que mencionó la importancia de mejorar la recopilación de datos criminales a nivel nacional.
Más allá del endurecimiento punitivo, el gobierno prometió complementar estas medidas con programas sociales enfocados en salud mental, reinserción laboral y acceso a vivienda. «No se trata sólo de castigar, sino de evitar que más personas entren en espirales delictivas», concluyó un portavoz ministerial durante el anuncio.
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