Redacción - El Semanal
La lucha indígena por la representación política en Baja California: una batalla contra la marginación y la simulación
En las entrañas del sistema democrático mexicano, una pregunta resuena con fuerza: ¿cómo garantizar la representación política de los pueblos originarios en un país donde históricamente han sido relegados? Baja California, un estado con una diversidad étnica poco visibilizada, se ha convertido en el escenario de un movimiento emergente donde comunidades indígenas están exigiendo no solo un lugar en la toma de decisiones, sino también el respeto a su identidad.
Un sistema que invisibiliza
Durante décadas, los pueblos indígenas en México han enfrentado una doble barrera: la exclusión de los espacios de poder y la apropiación cultural por parte de quienes buscan ventajas políticas. A nivel federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció en 2017 que los partidos políticos debían postular exclusivamente a candidatos indígenas en distritos con alta población originaria. Sin embargo, esta medida, aunque significativa, resultó insuficiente. En Baja California, la falta de censos precisos y la resistencia de los partidos a ceder espacios han perpetuado la marginación.
En 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) amplió estas acciones afirmativas, exigiendo que al menos 30 candidaturas federales fueran ocupadas por indígenas. Pero el verdadero desafío se dio a nivel local. En noviembre de ese año, el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) llevó a cabo una consulta pública para definir mecanismos de participación indígena en las elecciones estatales. Lo que en principio parecía un mero trámite burocrático se transformó en un catalizador de movilización política.
De la simulación a la resistencia
La consulta, realizada en cinco sedes con una asistencia limitada, reveló un patrón preocupante: la mayoría de los participantes eran hombres, y las voces de las mujeres indígenas quedaron en segundo plano. Aun así, las conclusiones fueron claras: los asistentes exigían cuotas permanentes para consejeros indígenas en los ayuntamientos, así como candidaturas exclusivas en distritos con mayor presencia originaria.
Pero lo más revelador fue lo que ocurrió después. Politizados por la experiencia, líderes indígenas como Edgar Montiel, mixteco y activista en Tijuana, comenzaron a documentar y denunciar cómo varios partidos intentaban colocar a personas no indígenas en puestos reservados para comunidades originarias. “Pretendians”, les llamaron: políticos que, sin tener ningún vínculo real con los pueblos ancestrales, fingían identidades indígenas para acceder a cargos públicos.
La respuesta no se hizo esperar. Comunidades como los triquis de San Quintín, liderados por la abogada Norma Cruz, presentaron recursos legales para impugnar candidaturas fraudulentas. En un caso emblemático, lograron que se revocara la postulación de Miriam Cano, quien se había autodenominado triqui sin serlo. Este fue solo uno de los diez casos en los que el sistema electoral estatal tuvo que actuar contra la usurpación de identidad.
Una victoria parcial y desafíos pendientes
Gracias a esta lucha, Baja California logró por primera vez en su historia tener dos diputadas indígenas en el congreso estatal y concejales originarios en los cinco municipios. Sin embargo, el camino hacia una representación genuina sigue lleno de obstáculos. La falta de un censo preciso, la resistencia interna de los partidos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de autoadscripción calificada —que exige pruebas de servicio comunitario y aval de autoridades tradicionales— son solo algunos de los retos pendientes.
Pero más allá de las estadísticas, lo que queda claro es que la consulta del IEEBC, aunque inicialmente concebida como un mero formalismo, terminó siendo un espacio de conciencia crítica. Los pueblos indígenas de Baja California no solo aprendieron a navegar el intrincado sistema electoral, sino que lo hicieron para defender su lugar en él. Su lucha no es solo por un cargo, sino por el reconocimiento de una voz que lleva siglos siendo silenciada.
La pregunta ahora es si el sistema político mexicano, en todos sus niveles, está realmente dispuesto a escuchar.
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