Médico acusado de grabar a pacientes en baños de hospital obtiene libertad condicional

Cirujano en prácticas acusado de grabar ilegalmente a colegas en baños de hospitales australianos

La justicia australiana dejó en libertad bajo fianza a un médico en formación, imputado por instalar cámaras ocultas en los baños de varios hospitales públicos de Melbourne, donde habría obtenido más de 4.500 vídeos sin el consentimiento de sus compañeros. El arresto del acusado, de 29 años, ha conmocionado a la comunidad médica y reabierto el debate sobre la privacidad en entornos laborales, especialmente en espacios sensibles.

Según documentos judiciales, los registros comenzaron en 2022 y se prolongaron hasta su detención este mes. Las grabaciones habrían afectado a personal sanitario, incluyendo enfermeras y otros cirujanos, aunque no se encontraron imágenes de pacientes. Las autoridades aseguraron que el dispositivo estaba estratégicamente ubicado para captar rostros y actividades íntimas, lo que elevó los cargos a "producción de material ilegal". El tribunal prohibió al acusado acercarse a los hospitales involucrados y ordenó entregar su pasaporte como condición para evitar la prisión preventiva.

Expertos en ética médica han calificado el caso como "una violación flagrante de la confianza" dentro de un sector ya sometido a alta presión. "Los trabajadores de la salud deben sentirse seguros en sus lugares de trabajo, no vigilados", declaró un representante del colegio de médicos local, que pidió revisar los protocolos de seguridad. Mientras, el sindicato de enfermería exigió sanciones ejemplares para disuadir conductas similares.

Aunque el acusado no ha hecho declaraciones públicas, fuentes cercanas al proceso sugieren que su defensa argumentará problemas psicológicos. Sin embargo, la fiscalía insiste en que las pruebas —incluyendo archivos digitales y testimonios— son "abrumadoras". El próximo juicio podría sentar un precedente en casos de acoso tecnológico en Australia, donde leyes recientes penalizan con hasta siete años de cárcel la difusión no consentida de imágenes íntimas.

Mientras la investigación continúa, los hospitales afectados han iniciado auditorías para detectar posibles brechas de seguridad. Por ahora, recomiendan a su personal extremar precauciones en áreas comunes, un recordatorio sombrío de que la privacidad, incluso en lugares supuestamente protegidos, no siempre está garantizada.