Un grupo de 23 municipios bilingües se encuentra en el Tribunal Superior de Quebec para solicitar a un juez la suspensión de la aplicación de varias partes de la reforma lingüística de la provincia en 2022. El abogado Julius Grey explicó ante el tribunal de Montreal que la ley contiene medidas que tendrán «enormes consecuencias» para las ciudades que tienen el derecho de atender a los ciudadanos en francés e inglés.
Grey señaló que la ley podría impedir a las ciudades redactar contratos en inglés, otorgaría al gobierno la capacidad de retener subsidios y daría al observador del idioma amplios poderes de búsqueda y decomiso que superan a los de la policía. Por ello, pidió al juez que suspenda la aplicación de varias disposiciones hasta que se pueda llevar a cabo una audiencia completa sobre la validez de la ley, para la cual el gobierno invocó proactivamente la cláusula de no obstante para protegerla de algunos desafíos judiciales.
Por su parte, el abogado del gobierno de Quebec, Charles Gravel, dijo a la jueza Silvana Conte que los argumentos de los municipios se basan en temores en lugar de hechos o argumentos legales. Afirmó que no hay pruebas de que se hayan realizado decomisos y que la preocupación de las ciudades no debería ser suficiente para suspender la ley sin evidencia de que haya causado algún daño.
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