Residencia de mayores acumuló denuncias por negligencia antes del incendio mortal

Incidentes no reportados: Fallos en residencia de Massachusetts antes de incendio mortal

La residencia de ancianos de Fall River, Massachusetts, donde nueve personas perdieron la vida en un incendio el pasado mes de agosto, había sido sancionada previamente por negligencia en el reporte de incidentes críticos. Según documentación oficial, el centro no notificó a tiempo más de una veintena de irregularidades relacionadas con la seguridad y salud de los residentes, según revela una inspección reciente.

Los registros indican que, en los últimos años, el establecimiento acumuló múltiples incumplimientos, entre ellos demoras en informar sobre caídas, altercados entre residentes y problemas médicos graves. Aunque estas situaciones no están directamente vinculadas al siniestro, expertos en regulación sanitaria señalan que la falta de transparencia refleja un patrón de desatención que podría haber facilitado fallos en los protocolos de emergencia.

Autoridades estatales confirmaron que, en al menos cinco ocasiones, el personal administrativo omitió avisar a los organismos competentes dentro del plazo estipulado (generalmente 24 horas), un requisito legal en Massachusetts para garantizar la supervisión oportuna. "La tardía comunicación limita nuestra capacidad para intervenir y prevenir riesgos", declaró una fuente cercana al Departamento de Salud Pública.

El incendio, que se originó en una zona común del edificio, ha reabierto el debate sobre los estándares de seguridad en este tipo de instalaciones. Testigos mencionaron que las alarmas sonaron tarde y que algunos extintores no funcionaron correctamente durante la evacuación. Familias afectadas exigen una investigación más exhaustiva y medidas legales contra la cadena propietaria, cuya sede matriz opera más de 200 residencias en el país.

Mientras las pesquisas continúan, abogados especializados en negligencias subrayan que los reportes omitidos podrían ser clave para determinar responsabilidades civiles o penales. "Cuando un centro oculta irregularidades, demuestra priorizar su imagen sobre el bienestar de las personas", afirmó un representante legal que sigue el caso.

En España, donde el sector de las residencias geriátricas también ha enfrentado críticas por su regulación, asociaciones de consumidores aprovechan para recordar la importancia de exigir transparencia en la gestión de estos espacios. "Los protocolos deben auditarse periódicamente, y las sanciones por incumplimiento han de ser ejemplares", advirtió un portavoz del Observatorio de Derechos Sociales.

La tragedia en Massachusetts sirve como advertencia global: la calidad de los cuidados en la tercera edad no puede depender de la autorregulación. Legisladores estadounidenses ya trabajan en reformas para endurecer las multas a centros infractores, mientras en Europa, países como Alemania y Francia han comenzado a implementar inspecciones sorpresa.

Este caso no solo evidencia fallos sistémicos, sino que plantea una pregunta incómoda: ¿cuántas residencias operan con estándares inseguros sin que las autoridades lo sepan? La respuesta, tal vez, está en los informes que nunca llegan a escribirse.