Trump reacciona al fallo de la Corte sobre aranceles

La sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que anuló los aranceles impuestos por la administración Trump bajo la Ley de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) ha encendido las alarmas en el sector de la moda y el textil, un ámbito profundamente interconectado con las cadenas de suministro globales. Lejos de ser un mero Pulso político, esta decisión judicial dibuja un nuevo escenario para diseñadores, fabricantes y minoristas que dependen de las importaciones desde Canadá y decenas de países más. El impacto se sentirá en los costes de materias primas, la planificación de colecciones y, finalmente, en el precio final que paga el consumidor.

El fallo, que declara inconstitucional el uso de poderes de emergencia para gravar importaciones, no elimina la herramienta arancelaria en sí, sino que restringe una vía concreta. Ello ha llevado al expresidente Donald Trump a defender su política comercial como un mecanismo de «seguridad económica nacional» y a anunciar, incluso antes de conocer el fallo, su intención de activar alternativas legales. Entre ellas, destaca la imposición de un arancel global del 10% amparado en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, junto con nuevas investigaciones bajo la Sección 301. Para el mundo de la moda, donde los plazos de producción son ajustados y los márgenes, finos, la incertidumbre jurídica es un factor de riesgo mayúsculo.

Desde una perspectiva técnica, el conflicto gira en torno a la interpretación de facultades presidenciales. El tribunal consideró que la IEEPA no autoriza explícitamente la imposición de aranceles como medida de emergencia, un matiz que, aunque limita un atajo, abre la puerta a la aplicación de estatutos comerciales más consolidados y, en muchos casos, con un proceso más dilatado pero más sólido. Fuentes del sector advierten que esta reconfiguración podría fragmentar aún más el acceso a mercados clave para la moda de gama media y alta, donde la procedencia de un tejido o un acabado define la identidad del producto.

El eco de estabatalla legal llega directamente a los talleres de confección y a los showrooms de Nueva York, Milán o Madrid. Muchas marcas, especialmente aquellas con modelos de «fast fashion» que dependen de flujos logísticos ágiles y costes estables, ya habían ajustado sus estrategias de abastecimiento tras la primera andanada arancelaria. Un renovado escenario de restricciones, aunque por vías distintas, supone un nuevo estrés operativo. «No se trata solo de un porcentaje más en el coste del algodón», explica un consultor en supply chain textil que prefiere el anonimato. «Se trata de la predictibilidad. Cada vez que se activa una herramienta comercial, hay que renegociar contratos, buscar proveedores alternativos y, en el peor caso, trasladar parte de la producción a otros países, con el consiguiente aumento en huella de carbono y complejidad».

Paradójicamente, el propio fallo del Supremo, al desestimar el uso de la IEEPA para aranceles, podría estar allanando el camino para que la administración active mecanismos como las licencias de importación, que, según algunos analistas, otorgan un control aún mayor sobre el flujo comercial. Trump ya ha sugerido que la decisión le concede «el derecho incuestionable a prohibir todo tipo de productos», lo que para la industria de la moda se traduce en la posibilidad de cuotas o restricciones selectivas a categorías enteras, desde calzado hasta accesorios de cuero. Este escenario de «licencia sin derecho a cobrar» que ironiza el expresidente, no es tal, sino que representa una palanca distinta de presión: la capacidad de conceder o denegar acceso al mercado estadounidense de forma casi discrecional.

Para el consumidor final, la traducción más inmediata puede ser la reducción de la variedad y un encarecimiento progresivo. Los aranceles aplicados a naciones como Bangladesh, Vietnam o Camboya —aunque no sean el foco directo de este fallo— ya han encarecido las prendas básicas. Una nueva ronda de medidas, bajo el paraguas de «seguridad nacional» o «prácticas comerciales desleales», podría ampliar el espectro a países de la UE o a aliados tradicionales, afectando a la importación de tejidos de alta calidad o de calzado de lujo. Los diseñadores emergentes, que operan con presupuestos ajustados y proveedores internacionales, son especialmente vulnerables a este tipo de turbulencias.

En este contexto, la recomendación para las marcas pasa por diversificar geográficamente su base de proveedores, invertir en tecnología que optimice el inventario y comunicar con transparencia al consumidor el origen y el valor de sus productos. La moda sostenible, aquella que prioriza la trazabilidad y los circuitos cortos, podría emerges como un refugio relativo, ya que suele operar con volúmenes menores y cadenas más cortas, menos expuestas a grandes aranceles. Sin embargo, incluso ella depende de materias primas globales, como la seda asiática o el lino europeo.

El mensaje final, tanto de la corte como de la Casa Blanca, es que el poder presidencial para regular el comercio permanece intacto, solo que ahora debe transitar por caminos legales diferentes y, probablemente, más predecibles. Para la moda,esta redefinición del campo de juego comercial exige una vigilancia constante y una adaptación estratégica. Lo que está en juego no es solo un arancel, sino el futuro de cómo se viste al mundo en una era de creciente proteccionismo. La agilidad y la innovación en los modelos de negocio serán, sin duda, la nueva tela con la que se confeccionará la respuesta del sector.