Redacción - El Semanal
Un informe estremecedor ha sacado a la luz una práctica sistemática de control reproductivo forzado contra mujeres y niñas indígenas en Groenlandia, llevada a cabo por autoridades danenses durante décadas. Más de 350 groenlandesas, algunas de apenas 12 años, fueron sometidas a la implantación de dispositivos intrauterinos (DIU) sin su consentimiento entre 1966 y 1970, según los hallazgos de una investigación independiente encargada por el gobierno autonómico groenlandés.
Las víctimas, muchas de las cuales eran adolescentes, no fueron informadas adecuadamente sobre el procedimiento ni sus implicaciones médicas. El estudio revela que estas intervenciones se realizaron durante revisiones ginecológicas rutinarias o tras partos en hospitales de la isla, entonces bajo administración danesa. "Eran llevadas a creer que era obligatorio o simplemente no se les daba opción a negarse", señaló una portavoz del Instituto de Derechos Humanos de Groenlandia.
Políticos groenlandeses y organizaciones de derechos humanos han calificado estos hechos como una violación grave de los derechos fundamentales, enmarcada en el contexto de políticas coloniales. La entonces ministra de Salud de Dinamarca, Ellen Trørup, admitió en registros de la época que el objetivo era "limitar el crecimiento de la población indígena", según documentos desclasificados.
Este caso reabre heridas históricas en Groenlandia, territorio que obtuvo autonomía parcial en 1979 pero sigue dependiente de Dinamarca en materia de defensa y política exterior. Parlamentarios groenlandeses exigen ahora una disculpa oficial y compensaciones, mientras colectivos feministas denuncian que la esterilización forzada persiste de formas más sutiles, como la falta de acceso a información reproductiva en lenguas indígenas.
Expertos en bioética subrayan que estas prácticas reflejan un patrón global de control sobre los cuerpos de mujeres marginadas, desde comunidades nativas en América hasta minorías étnicas en Europa. El gobierno danés, por su parte, ha anunciado la creación de una comisión para investigar el alcance total de estos hechos, aunque organizaciones locales exigen que las víctimas sean escuchadas directamente.
El informe coincide con un creciente debate en Escandinavia sobre el legado del colonialismo, tras conocerse casos similares en Suecia con mujeres sami y en Noruega con la comunidad romaní. Mientras, en Groenlandia, muchas afectadas rompieron décadas de silencio: "Nos robaron la posibilidad de decidir", afirmó una de ellas en una rueda de prensa en Nuuk, donde varias generaciones de mujeres portaban carteles con la consigna "Nunca más sin nosotras".
La historia de estas intervenciones forzadas no solo cuestiona políticas sanitarias del pasado, sino que plantea interrogantes éticos urgentes sobre cómo se ejerce el poder médico sobre comunidades vulnerables hoy. Activistas insisten en que el reconocimiento de estos crímenes debe ir acompañado de reformas estructurales para garantizar la autonomía reproductiva en territorios indígenas.
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