Redacción - El Semanal
La crisis de vivienda en España sigue escalando, con precios de alquiler y compra que han alcanzado cifras históricas en buena parte del territorio. Según datos de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), más del 50% de las propiedades en alquiler exigen más de un salario para cubrir la renta mensual. Mientras el Gobierno intenta contener la situación con medidas como limitaciones al aumento de precios o sanciones a viviendas vacías, los resultados parecen insuficientes.
En este escenario, Irlanda emerge como un caso de estudio. El país, que enfrenta desafíos similares, ha decidido dar un giro radical: eliminar parcialmente los controles de alquiler para reactivar el mercado. Desde 2016, las llamadas Rent Pressure Zones limitaban los incrementos anuales a un 2% en áreas urbanas clave, una medida comparable a las zonas tensionadas implantadas en Cataluña. Sin embargo, lejos de estabilizar el mercado, la política frenó la construcción de nuevas viviendas, ahondando el déficit habitacional.
El enfoque irlandés plantea una pregunta incómoda: ¿podría España aprender de este error? En Barcelona, donde se aplicaron topes al alquiler, los precios subieron un 10.6% interanual en mayo de 2025, según datos locales. La rigidez normativa, según expertos, desincentivó la inversión en nuevos desarrollos. Irlanda ahora busca atraer capital extranjero eximiendo a las viviendas recién construidas de los controles, una estrategia que ya muestra sus primeras señales de éxito.
El contraste es llamativo. Mientras España insiste en endurecer las regulaciones —con resultados ambiguos—, Dublín opta por flexibilizar. El Ministro de Vivienda irlandés, James Browne, argumenta que los inversores internacionales habían abandonado el mercado ante la falta de rentabilidad. Con las reformas, el país espera alcanzar su meta de 50,000 viviendas anuales, cifra que duplica el ritmo actual.
España, por su parte, necesita entre 150,000 y 200,000 nuevas propiedades al año para cubrir la demanda, según el Consejo General de Economistas y el Banco de España. Sin embargo, la burocracia y la incertidumbre legal están frenando proyectos. En ciudades como Madrid o Valencia, donde no se aplican topes, el mercado muestra mayor dinamismo, aunque los precios siguen disparados.
La experiencia irlandesa sugiere que los controles de precios, aunque bienintencionados, pueden tener efectos secundarios graves. En un contexto de escasez, limitar las rentas sin estimular la oferta parece agravar el problema. ¿Será hora de que España revise su estrategia? Mientras el debate continúa, miles de familias siguen atrapadas en una batalla por hogares cada vez más inalcanzables.
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