Harvard enfrenta recorte federal por cuestionada gestión de protestas estudiantiles.

La administración federal ha decidido congelar más de 2.200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos destinados a la Universidad de Harvard, en respuesta a la negativa de la institución a acatar las exigencias de la administración anterior sobre la regulación de las actividades de activismo en el campus. La medida, que ha generado un amplio debate sobre la autonomía universitaria y los límites de la intervención gubernamental, pone de manifiesto una tensión creciente entre las instituciones académicas y el poder ejecutivo.

La decisión de suspender estos fondos no es un hecho aislado. Representa la séptima instancia en la que la administración de Donald Trump recurrió a esta táctica con universidades de prestigio, principalmente dentro del grupo de la Ivy League. El objetivo, según fuentes gubernamentales, era forzar el cumplimiento de una agenda política específica, utilizando el poder económico como palanca de presión.

En una misiva dirigida a Harvard, la administración Trump solicitó una serie de reformas profundas que abarcaban desde cambios en el liderazgo y la gobernanza de la universidad hasta modificaciones en sus políticas de admisión. Entre las demandas más controvertidas se incluía la necesidad de auditar las opiniones sobre la diversidad en el campus y restringir el reconocimiento de ciertos clubes estudiantiles. El montante total de fondos en riesgo ascendía a cerca de 9.000 millones de dólares.

La respuesta de Harvard no se hizo esperar. El presidente de la universidad, Alan Garber, declaró con firmeza que la institución no cedería a las presiones del gobierno. “La Universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales”, afirmó Garber en una comunicación dirigida a la comunidad universitaria. “Ningún gobierno, independientemente del partido en el poder, debería dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden perseguir”.

Esta postura desafiante, sin embargo, ha tenido consecuencias inmediatas. La congelación de los fondos federales destinados a Harvard, una de las universidades más importantes del mundo en investigación científica y médica, podría tener implicaciones significativas para proyectos en curso y futuras iniciativas. La universidad ha argumentado que esta medida no solo perjudicará la educación y la salud pública, sino que también vulnera la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y sobrepasa la autoridad del gobierno federal en virtud del Título VI, que prohíbe la discriminación.

La reacción a esta situación no se ha limitado al ámbito académico. La Asociación Americana de Profesores Universitarios ha presentado una demanda contra la administración, alegando que ésta no ha seguido los procedimientos adecuados antes de imponer las restricciones financieras. La demanda argumenta que las exigencias del gobierno no buscan solucionar problemas de discriminación, sino imponer puntos de vista políticos y restringir la libertad de expresión en el campus.

Este caso se produce en un contexto de creciente controversia en torno a la libertad académica y el activismo estudiantil en las universidades estadounidenses. La administración Trump ha criticado duramente lo que considera una falta de control sobre las protestas y manifestaciones en los campus, especialmente aquellas relacionadas con el conflicto israelí-palestino. Se acusa a las universidades de permitir la proliferación del antisemitismo y de no proteger adecuadamente a los estudiantes judíos.

Harvard, por su parte, defiende haber implementado reformas significativas para abordar el antisemitismo y reitera que las demandas del gobierno exceden el marco legal y atentan contra los principios fundamentales de la educación superior. La universidad ha advertido que la suspensión de los fondos podría tener consecuencias devastadoras no solo para sus estudiantes y personal, sino para la economía y la seguridad nacional. El futuro de la relación entre Harvard y el gobierno federal es incierto, pero una cosa está clara: este conflicto plantea interrogantes cruciales sobre el papel de la universidad en la sociedad y los límites de la intervención estatal en la autonomía académica.