Un incidente violento en un alquiler de Minneapolis termina con una candidata al Senado de EE. UU. condenada
La violenta disputa entre una casera y su inquilina en Edina, Minnesota, ha derivado en una consecuencia judicial que ha truncado de forma abrupta las aspiraciones políticas de una de las protagonistas. Marisa Simonetti, de 32 años, fue hallada culpable este martes de todos los cargos penales que se le imputaban tras un incidente ocurrido en junio de 2024, en el que arrojó una tarántula viva a su inquilina. La sentencia, prevista para el próximo 1 de mayo, no solo marcará su historial penal, sino que ha sumido en el descrédito su campaña para obtener la nominación republicana al Senado federal.
El origen del conflicto se sitúa en la madrugada del 21 de junio. Según consta en el expediente y en la prueba videográfica admitida en el juicio, Jackie Vásquez, una abogada que se preparaba para el examen de colegiatura (conocido como bar exam), se encontraba en su habitación del sótano de la vivienda que alquilaba a través de la plataforma Airbnb. Arriba, Simonetti inició una ruidosa protesta golpeando cacerolas y profiriendo gritos, entre ellos alabanzas religiosas, en medio de una discusión por el contrato de arrendamiento.
El momento crucial quedó registrado por la propia Vásquez, quien, temiendo por su integridad, activó su ordenador portátil para grabar. En las imágenes se observa a Simonetti acercarse a la escalera que comunicaba con la zona de la inquilina y deslizar una tarántula viva por los escalones. Acto seguido, lanzó tras el arácnido un conjunto de objetos que incluían tacos de metal, juguetes y una sustancia no identificada, todo mientras gritaba que había una «infestación de arañas». La evidencia audiovisual fue determinante para el veredicto.
Vásquez, who había contratado el espacio buscando tranquilidad para su estudio, relató cómo se atrincheró en su dormitorio después de que Simonetti y un acompañante forzaran la puerta de entrada. Su decisión de dejar la cámara funcionando proporcionó una crónica indiscutible de los hechos, elemento que la fiscalía calificó como «clave para la convicción unánime del jurado».
El tribunal declaró a Simonetti culpable de tres cargos: acoso grave (misdemeanor), un delito que implica causar un temor razonable de daño corporal; asalto doméstico leve (misdemeanor domestic assault); y conducta desordenada (disorderly conduct). Durante el proceso, Simonetti optó por representarse a sí misma después de despedir a su abogado defensor. En sus declaraciones, admitió que sus acciones podían parecer «bastante escandalosas», pero negó intención criminal, argumentando que su comportamiento estaba motivado por la frustración y, según confesó, por la inspiración que obtuvo de la película Home Alone. Esta estrategia de defensa no logró convencer al jurado, que la declaró responsable en todos los puntos.
La condena tiene un impacto inmediato y devastador en su proyecto político. Simonetti, que había presentado los documentos para competir en las primarias republicanas por un escaño en el Senado de los Estados Unidos, sees ahora enfrentada a la posibilidad de una pena de cárcel y, lo más significativo, a la irreversible pérdida de credibilidad pública. La jueza a cargo del caso ordenó un informe pre-sentencia, un paso habitual que profundiza en el historial y circunstancias del convicto antes de dictar la pena final.
Previamente al veredicto, Simonetti había interpuesto una demanda civil por 28 millones de dólares contra Vásquez y las fuerzas del orden, acusándolas de acoso. Tras conocerse el fallo condenatorio, comentó a los medios congregados que se había sentido «superada en astucia» por la fiscalía, una declaración que subraya la desconexión entre su percepción de los hechos y la resolución judicial.
Más allá de lo penal, este caso ilustra cómo un episodio de conflicto vecinal privado puede ascender a la esfera pública y aniquilar una carrera en ciernes. La rapidez con la que un acto impulsivo, grabado y viralizado, puede desmoronar una narrativa de campaña, habla de los frágiles cimientos sobre los que se construye, a veces, la confianza electoral. Para los analistas, la condena no solo cierra una puerta en el Senado, sino que establece un precedente sombrío sobre la idoneidad de carácter que se les exige, implícitamente, a quienes aspiran a cargos de representación nacional. El 1 de mayo se conocerá el alcance exacto de la sanción, pero el daño a su futuro político parece ya irreversible.
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