Registro de influencia extranjera disuade a actores malintencionados, afirma nominado

Canadá da un paso decisivo en la lucha contra la interferencia extranjera con la próxima puesta en marcha de un registro de transparencia, un mecanismo diseñado para iluminar las conexiones ocultas entre actores políticos y poderes foráneos. La figura clave en este proceso es Anton Boegman, exjefe electoral de Columbia Británica, whose nominación como comisionado ha encendido los focos sobre las herramientas que el país utilizará para salvaguardar su democracia.

El núcleo del sistema radica en la obligatoriedad de registrar cualquier acuerdo con un «principal extranjero» cuyo propósito sea influir en el ámbito público. Los borradores normativos contemplan sanciones económicas de hasta un millón de dólares canadienses para quienes incumplan, una cifra que, según los expertos, busca generar un efecto disuasorio real. Boegman, en su primera comparecencia parlamentaria, subrayó que la mera existencia del registro hará «reflexionar dos veces» a quienes pretenden actuar bajo la mesa, convirtiendo lo secreto en un riesgo financiero tangible.

Más allá de las multas, el registro funcionará como una base de datos accesible al público. En ella se incluirán datos identificativos de personas y entidades, detalles sobre el principal extranjero involucrado y la naturaleza de las actividades de influencia. Esta transparencia tiene como objetivo que la ciudadanía conozca con quién dialogan sus representantes y a quién sirven ciertos grupos comunitarios o lobistas, sin que esto se convierta, en palabras del designado comisionado, en un arma para estigmatizar a comunidades enteras.

Boegman, known por su trayectoria técnica, se mostró cauto respecto a las expectativas. «No soy naíf», declaró ante el comité parlamentario, reconociendo que el registro no erradicará por sí solo todos los los intentos de manipulación. Citó precedentes históricos, como la interferencia francesa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1796, para recordar que estas prácticas son antiguas. Su visión es que el éxito dependerá de clarificar los requisitos, simplificar los trámites y garantizar que el registro no sea una carga burocrática.

El proceso de confirmación del comisionado avanza en paralelo al despliegue del sistema. Su nombramiento, anunciado a finales de enero, está sujeto a la aprobación del Parlamento, con un calendario ajustado para que el registro entre en vigor esta primavera. Boegman admitió no conocer aún la fecha exacta de lanzamiento ni haber recibido consultas sobre el staffing necesario, pero priorizaría una implementación «incluso en formato interim» si fuera preciso.

La iniciativa canadiense sigue la estela de socios del acuerdo de inteligencia Five Eyes como Australia, Reino Unido y Estados Unidos, que ya cuentan con esquemas similares. Nueva Zelanda, por su parte, optó por endurecer sus penas sin crear un registro específico. Boegman manifestó su intención de aprender de las mejores prácticas de estos países, buscando un modelo eficaz y equilibrado.

La colaboración con agencias como el Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá y la Policía Montada será crucial para identificar actividades encubiertas y obligar a su registro. Junto a ello, Boegman destacó la importancia de una campaña educativa multilingüe, esencial para que todos los potenciales obligados conozcan sus deberes. «Los ciudadanos necesitan ver esto en acción», afirmó, vinculando la aplicación visible de las normas con la recuperación de la confianza en las instituciones democráticas.

Según las estimaciones del gobierno, el registro acogerá anualmente a unos 1.767 agentes ya inscritos, más 54 nuevos cada año. Estos datos ponen cifras a un fenómeno que, aunque invisible en el día a día, se presume extendido en un mundo donde las líneas entre diplomacia, negocio y manipulación son cada vez más difusas.

En definitiva, Canadá apuesta por la transparencia como antídoto. El registro, aún con sus límites reconocidos, plantea un cambio de paradigma: ya no bastará con negar vínculos, sino que habrá que declararlos. Su éxito dependerá de la contundencia en la aplicación, la claridad en las reglas y, sobre todo, de que la sociedad perciba que este instrumento no es un mero trámite, sino un verdadero escudo para la integridad electoral.